PROTECCIÓN DE MENORES: NUEVAS TENDENCIAS LEGISLATIVAS

 

Fuente: Noticias jurídicas

El pasado viernes 12 de junio se celebraron en CaixaForum, las VII Jornadas por el Interés de la Infancia y la Adolescencia. La guarda y custodia compartida, medidas de protección o la intervención del menor en los procesos de familia fueron algunos de los temas debatidos. Las Jornadas fueron organizadas por EMIN (Confederación para el mejor Interés de la Infancia), y reunieron, ante más de 300 personas, a representantes de la Administración, magistrados, abogados, psicólogos, pediatras y asistentes sociales que, desde diferentes perspectivas, analizaron la problemática a la que miles de niños y niñas se ven sometidas en las crisis familiares.

En el acto de inauguración de la Jornada, Regina Mañueco del Hoyo, Subdirectora General de Infancia del Ministerio de Sanidad, destacó la importancia que para la protección de los menores supondrán los Proyectos de Ley y Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia. Destacó que estos Proyectos de Ley intentan incidir en la protección de los menores más vulnerables: los sometidos a violencia de género o cualquier otro tipo de violencia, los menores discapacitados, los menores extranjeros o los jóvenes extutelados de la Administración.

Un repaso por la actual situación de la guarda y custodia compartida, abrió el debate de la primera mesa redonda de la Jornada. El Magistrado de la Sala Primera del TS, Agustín Pardillo Hernández, centró su ponencia un repaso a la rapidísima evolución que el reconocimiento de la guarda y custodia compartida ha tenido en la jurisprudencia del TS, pasando de ser una opción excepcional (tal y como la reconoce el actual art. 92 CC), a ser una medida que habrá de “considerarse normal e incluso deseable”, según establece la Jurisprudencia del Alto Tribunal.

Aunque Jueces y Tribunales son más proclives a su implantación, en la práctica no se ha producido un incremento significativo de las resoluciones acordando esta modalidad de guarda y custodia: en 2013, la custodia de los hijos menores fue otorgada a la madre en el 76,2% de los casos; en el 5,5% de los procesos la custodia la obtuvo el padre, y en el 17,9% de los supuestos de separación del pasado año la custodia fue compartida.

Tanto ponentes como asistentes a la Jornada coincidieron en que la guarda y custodia compartida no será una opción real hasta que no se modifique el art. 96.1 CC que vincula el uso de la vivienda familiar a la atribución de la custodia de los hijos menores. Y en este sentido se lanzó una clara petición a los magistrados del TS: que del mismo modo que han interpretado de un modo flexible la excepcionalidad que el CC predica de la guarda y custodia compartida, hasta el punto de llevarla al extremo opuesto, empleen esa misma flexibilidad en la interpretación del párrafo primero del art. 96.1 del CC, desvinculando el uso de la vivienda familiar de la atribución de la guarda y custodia.

Respecto a la intervención del menor en los procesos de familia, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE emitió un Informe sobre la situación de los menores de edad en los procedimientos judiciales que recomendaba a los Estados parte, entre ellos España, la implantación de mecanismos objetivos para determinar la madurez de los niños y adolescentes en los juzgados. Sólo en 2010 y sólo en once Estados miembros, cerca de 74.000 niños fueron víctimas de delitos y 495.000 se vieron afectados por el divorcio de sus padres.

El Informe pide que se proporcionen formación, normas y directrices sobre el modo de tomar declaración a los niños a todos los profesionales que intervienen, porque "no podemos permitir que los niños se sientan desconcertados o estresados cuando participan en procedimientos judiciales.

Para finalizar, Justi Carretero, Presidenta de FADES (Familias de Acogida de España) describió la dramática situación de los jóvenes extutelados, que al cumplir 18 años se quedan en un total abandono y desprotección, que les lleva, en muchas ocasiones, a volver a la situación de desamparo y marginalidad en que la Administración les recogió. Esto supone una pérdida total de opción de futuro para estos jóvenes, además de la pérdida de toda la inversión económica realizada. En este sentido, el Proyecto de Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia establece la obligación de la Administración de preparar para la vida independiente a estos jóvenes ex tutelados

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